COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ARAGÓN.
RESPUESTA AL “ACUSO” CONTRA LOS INTERVENTORES FORMULADO PÚBLICAMENTE POR EL SEÑOR MANUEL VILAS (ESCRITOR).
Al Señor Manuel Vilas Vidal:
El pasado día 21 de junio ha publicado usted un artículo en varios medios de comunicación del Grupo Vocento que nos obliga a darnos por aludidos y ofendidos. Con su escrito injustamente “lapida y apedrea” a unos funcionarios públicos cuyo buen nombre queremos y debemos defender, como son los interventores de las Administraciones Públicas y especialmente de las locales. Este Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Aragón tiene por norma no responder a las descalificaciones que se puedan verter contra sus colegiados desde artículos de prensa. Somos conscientes de que nuestro trabajo -normalmente por desconocido- en ocasiones es fruto de injustas descalificaciones especialmente emitidas por políticos que no comprenden el por qué de los controles de legalidad a los que les sometemos en cumplimiento de nuestras obligaciones en el cargo; descalificaciones que a veces provienen también de contratistas que no están conformes con los rigores que impone la Ley de Contratos del Sector Público y que a nosotros nos toca implementar. Pero cuando esas descalificaciones pasan a convertirse en insultos ya no hay margen para obviar la respuesta.
Recordemos resumidamente lo que usted decía públicamente sin pudor alguno. En relación con el intento de cobrar a una Administración una factura de 300 € por dar una charla -poco precio este según usted y causa de que muchos escritores no se muevan de casa- nos atribuye a los interventores de las Administraciones Públicas un maltrato continuado a los escritores españoles al exigirles a la hora de cobrar su trabajo una delirante documentación constitucionalmente innecesaria, tal y como el certificado bancario de que la cuenta en la que se va a hacer el ingreso es suya -añadiendo usted aquí entre paréntesis “de quién demonios va a ser si no”-, también se queja de que les obliguemos a emitir factura electrónica, certificado de estar al corriente de sus pagos con Hacienda y la Seguridad Social, y otras similares.
Usted emulando a Zola emite un “j ́accuse” aunque defendiendo su peculio y no la libertad de un nuevo capitán Dreyfus, y nos dedica una respuesta visceral, descalificadora e insultante. Afirma que nosotros los interventores de las Administraciones Públicas odiamos a los escritores, y que nos gustaría que se murieran de hambre. Adorna el insulto diciendo que “son los interventores los que gobiernan en las Administraciones, pues han desarrollado un muestrario satánico y sádico de torturas y maltratos para dilatar el pago de conferencias, charlas, mesas redondas, ferias de libro y otras actividades en las que participan los escritores y escritoras en su actividad profesional”. No se corta en el insulto fácil pues directamente y sin adornos nos llama “hipócritas”. Hipócritas según usted porque detrás de estas exigencias está el hecho de que los técnicos económicos de la Administración consideran que contratar a escritores es tirar el dinero público. Y como tales nos pide que dejemos la hipocresía y digamos que el dinero que los políticos se gastan en fomentar la lectura debería ir a nuestras nóminas de interventores porque ese si es un trabajo de verdad y no a las cuentas de esa gente sin oficio y beneficio a los que llaman escritores cuando lo que deberían llamarles es “parásitos sociales”. Termina el desafuero con una referencia victimista al decir que no es normal que un “pobre escritor” tenga que convertirse en gestor, ingeniero informático y contable; añadiendo como “epílogo” de estos despropósitos “alguien se está riendo de nosotros a mandíbula batiente, y muchos callan”.
Aplicando nuestro protocolo colegial deberíamos callar y aguantar, pues podría tratarse de una reacción visceral excesiva suya, derivada de la impotencia que a veces genera la combinación del Derecho Administrativo y Administración Electrónica, que en ocasiones genera un cóctel de difícil digestión. Pero no parece un calentón del momento pues se ha molestado mucho en remitir a todos y cada uno de los medios del grupo Vocento ese insulto escrito, pero además se ufana de ello en las redes sociales. Por ello permítanos defendernos antes de que la Santa Inquisición a la que usted llama a “arrebato” nos queme en la hoguera pública.
La visceralidad irreflexiva no es buena para nadie, pero menos para un escritor que debe mantener una imagen pública adecuada, por su propio bien y el de las editoriales que le publican. Le entendemos pero no le comprendemos -que como usted bien sabrá son cosas distintas-. Comprenderíamos la visceralidad si usted fuera ese trabajador autónomo que por ser panadero tiene que levantarse a las dos de la mañana para encender el horno, que se pega toda la noche haciendo pan, y que cuando amanece en lugar de irse a dormir como Dios manda, tiene que coger su furgoneta y hacer kilómetros por las carreteras comarcales de la España rural para intentar vender todas las barras de pan, y que si consigue ese día 300 euros, no ya de beneficio sino de ingreso, podrá irse tranquilamente a dormir cuando el ruido en las calles impida conciliar el sueño a cualquiera que no ejerza de panadero, y así con esos por otros denostados 300 euros y otros más, podrá pagar sus impuestos, sus deudas con los bancos, con sus proveedores de harina, y con la dependienta de su tienda donde intenta vender lo que no ha podido colocar en los pueblos. Pero antes de acostarse remite a su gestoría la documentación necesaria para no tener problemas con Hacienda y la Seguridad Social, porque si no la intranquilidad no le deja descansar. Si ese panadero hubiera escrito en la prensa o en las redes sociales algo parecido a lo que usted ha hecho le entenderíamos, le comprenderíamos y nos callaríamos. A usted no se lo permitimos.
Señor Vilas si el legislador estableciera un Derecho Administrativo más sencillo sólo para escritores, sería algo propio de los privilegios del feudo medieval. El Cuarto Poder al que usted pertenece debe aceptar que el poder soberano no es suyo, sino del pueblo. Los escritores y los panaderos autónomos deben ser tratados igual. Posiblemente el tiempo que usted ha dedicado en descalificarnos e insultarnos es mayor que el que hubiera necesitado para constatar que la documentación que se le pide es la que la ley nos exige que le pidamos y la que se pide a todos. Y sobre todo tenga en cuenta que no es cosa nuestra.
Debe saber que detrás de cada aparente trámite burocrático siempre suele haber un derecho que se protege, aunque el afectado por la exigencia no lo sepa. A veces el ciudadano cree que las Administraciones Públicas y con ellas nosotros los interventores, cuando pedimos ciertos papeles es porque queremos fastidiar. Toda esa documentación a la que usted califica como delirante sí que tiene anclaje en nuestra legislación, pues con ella se defiende el interés de todos, pero también el suyo y el de terceros de buena fe. Es cierto que el Derecho Administrativo español está calificado internacionalmente como excesivamente garantista, pero 39 años de dictadura legitiman a nuestro legislador.
Ese certificado bancario que le pedimos para que acredite que la cuenta bancaria en la que le vamos a pagar es suya, intenta protege tanto los intereses de la Administración Pública como los intereses suyos, y de terceros de buena fe. Dígale a Google que le ilustre sobre el “phishing” en el pago de facturas por las Administraciones Públicas. Cuando se le pide a usted que remita la factura con firma electrónica no estamos ahí haciendo de funcionarios castigadores. Ya hace años que esa obligación de facturar electrónicamente le afecta, pero últimamente la legislación ha sido mas exigente en el sector público y en el privado. Lo raro es que hasta ahora no hubiera facturado usted electrónicamente. Una vez que se aprende como emitir las facturas electrónicas se hacen algo fácil, seguro y muy garantista con los intereses de todos, especialmente los suyos. Lo de estar al corriente con la Seguridad Social y con Hacienda, no se trata de ese “muestrario satánico y sádico de tortura y maltratos” de los interventores especialmente con los pobres escritores y con ellos con los escritores pobres, lo exige la Ley de Contratos. Las infraestructuras y servicios públicos se financian con impuestos que obligatoriamente pagan panaderos insomnes y también escritores pobres y pobres escritores. La redistribución de la riqueza, los hospitales y las pensiones de nuestros jubilados, le exigen a usted el mismo esfuerzo que al panadero. No le podemos pagar una factura desde el sector público si usted debe al sector público. El sector público somos todos, usted también, y el panadero lo mismo.
¡Por favor señor Vilas no insulte y procure informarse más! No obstante decirle que ese epíteto de “hipócritas” que nos dedica como insulto, como usted sabrá procede de la palabra griega “hypocrites” que significa “actor” y en ese sentido efectivamente somos “hipócritas” pero no menos que usted. Todos somos actores del papel que nos ha reservado la vida, y le puedo decir que el de interventor, especialmente en las corporaciones locales, no es agradable, ponga usted un alcalde descontrolado en su vida y nos entenderá y comprenderá (y si no ya se encargará el Tribunal de Cuentas de hacérselo comprender).
Y eso que nos atribuye usted de que los interventores consideramos a los escritores como “parásitos sociales” ya nos dirá de dónde lo ha sacado. No obstante nosotros que nos toca movernos mucho en el mundo del Derecho siempre repetimos ese aforismo latino de “Excusatio non petita, accusatio manifesta” y quien cree que los demás les consideran como “parásitos sociales” igual es porque su conciencia no está tranquila. Pero eso lo dice usted, no nosotros.
Toda la documentación que usted dice que le cuesta conseguirla doce horas posiblemente al insomne panadero postcovid le cueste unos minutos porque la lucha contra el sueño hace espabilar. Si mañana no ha resuelto sus dudas respecto de la legalidad y facilidad de cumplir esas obligaciones para con las Administraciones Públicas cuando quiere cobrar una factura, le recomendamos que después de tomarse un café esperando la inspiración literaria baje a su panadería habitual y además de comprar su barra de pan preferida, le pregunte al panadero cómo se cumplen esas obligaciones para con la Administración a la hora de facturar, seguro que él ya hace años que lo sabe. Y aproveche el viaje, intente averiguar cuantos días del año ese panadero insomne postcovid consigue 300 euros por la venta del fruto de su trabajo. La próxima factura de 300 euros que esos malditos interventores satánicos y sádicos, no le quieran pagar, cédala al panadero del barrio que verá como sin ni siquiera limpiarse las manos de harina de amasar, hace llegar a la Administración esa documentación legalmente establecida para panadero insomne y para pobres escritores y escritores pobres. Igual ese día el panadero puede irse a dormir antes.
¡Manolo, en Ordesa nos vemos!
Firmado: Sebastián Gracia Santuy y Jaime Porquet Colomina, en nombre y representación del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Aragón, y de los colegios provinciales de Teruel, Huesca y Zaragoza, para lo que hemos sido debidamente comisionados.